IRPH

El IRPH o Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, es un parámetro o base adoptado, el que, conjuntamente con un diferencial, sirve para calcular el tipo de interés o TIN de los préstamos.

A partir de la crisis (año 2009), el euríbor bajaba y el IRPH, en lugar de seguir el camino de su compañero, el Euribor, o de estabilizarse, empezaba a subir, algo que no era comprensible, salvo que se pensara, como así fue, que los préstamos que se estaban concediendo en ese momento, a la referencia euribor, y para compensar las pérdidas que que a las entidades se les estaban provocando, se les estaba adicionando unos diferenciales más altos y unas comisiones también superiores; lo que influyó de manera determinante en esa subida del IRPH.

¿Por qué subía el IRPH, cuándo los préstamos referenciados al Euribor bajaban, y porqué los préstamos referenciados a IRPH son siempre más caros?

La razón no es otra que la manera en que se calcula el IRPH, basado en la media simple de la TAE, o tasa anual equivalente, de los préstamos hipotecarios de referencia.

¿Y qué es la TAE?

Pues quizás sea el dato más importante a tener en cuenta a la hora de contratar un préstamo con garantía hipotecaria, por ser el coste total del préstamo.

Mientras que el tipo de interés o TIN es el precio que se paga por la obtención de un préstamo, la tasa anual equivalente o TAE es el coste total de dicho préstamo.

La TAE es el resultado del tipo de interés, comisiones y gastos inherentes a dicho préstamo. Es decir, es un porcentaje muy superior a cualquier otro índice, como pueda ser el Euribor. A ello hay que sumar que, a los préstamos referenciados a IRPH se les adiciona su propio diferencial, comisiones y gastos, por lo que los préstamos son más caros.

El Tribunal Supremo, en diciembre de 2017, dictó Sentencia sobre el IRPH, e indicó que: 1) es un índice oficial y está publicado en el BOE, y 2) que siendo una cláusula que afectaba al precio del contrato, no podía ser analizada desde el punto de vista de la transparencia.

Planteada cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tanto la Comisión Europea, como el Abogado General, han emitido conclusiones favorables a los consumidores, siendo muy importante lo que dice este último en referencia a la complejidad que entraña el método de cálculo del IRPH, así como que dicho índice, al contrario de lo que dijo el Tribunal Supremo, si puede ser objeto del control de transparencia por parte de los Jueces. E incluso indica que, a pesar de que la Directiva sobre consumidores prohíbe el control de abusividad a aquéllas cláusulas que se refieran a elementos esenciales como el precio, dicho control de abusividad puede y debe hacerse en España, por no haberse traspuesto esa prohibición, entendiendo que se ha querido dar más protección, de esta manera, a los consumidores. "Por lo que, lo que no está prohibido, está permitido".

 Abundando en lo anterior, hay que tener en cuenta que, el Tribunal Supremo, en el año 2015, sentó doctrina en el sentido de que las cláusulas que afectaban al objeto principal del contrato, es decir, al precio, no podían ser examinadas desde el punto de vista de la abusividad (por una prohibición contenida en la Directiva y que ha sido mencionada), sino exclusivamente desde el punto de vista de la transparencia. Sin embargo, esa prohibición contenida en la Directiva, tal y como se ha referido, no ha sido traspuesta o trasladada al ordenamiento jurídico español, por lo que el Abogado General, en sus conclusiones, da un vuelco a la doctrina del Tribunal Supremo.

Hasta ahora, tenemos dos grandes controles por lo que se pueden analizar las cláusulas que presuntamente son abusivas: el control de abusividad (viendo si se cumple el equilibrio entre las partes), y que se aplica a las cláusulas accesorias del contrato –vencimiento anticipado, gastos, intereses de demora….-; y el control de transparencia, que se aplica a las cláusulas que se refieren al objeto principal del contrato: el precio.

El planteamiento que hace el Abogado General, puede modificar esencialmente este escenario, si fuera acogido por el TJUE.

Y así, en esencia, ha opinado lo siguiente:

  • Que en el caso sobre el que se ha planteado la cuestión prejudicial, entiende que pasa el control de transparencia, en tanto que se ha informado al consumidor de cuanto se debería de informar de acuerdo a la Orden del 94, si bien ese es su criterio, y corresponde al Juzgado nacional (en este caso el Juzgado de 1ª Instancia nº 38 de Barcelona), analizar si supera ese control.

  • Para analizar la cláusula del tipo de interés que contiene el IRPH como índice de referencia, desde el punto de vista de la transparencia, da unas pautas orientadoras, como es la comprobación de que al consumidor se le haya informado de la evolución de este índice en los años anteriores, y/o el método de cálculo.

  • Y sigue diciendo, y esto es lo más importante, que aunque la cláusula pase el control de transparencia, los Jueces nacionales tienen la obligación (no dice que pueden, sino que tienen la obligación), de analizar la misma desde el punto de vista de la abusividad, o si se infringe el principio de equilibrio entre las partes, puesto que la prohibición contenida en la Directiva en el sentido de abstención de los jueces nacionales de los estados miembros de inhibirse de entrar a analizar por abusividad las cláusulas que se refieren al precio del contrato, no ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español, por lo que lo que no está prohibido, está permitido.

Si esto último fuera acogido por el TJUE, el escenario cambiaría totalmente para todas las cláusulas presuntamente abusivas, y contenidas en  contratos de préstamo con garantía hipotecaria, celebrados con consumidores.

Tras esto, algunas recomendaciones:

  1. Si su préstamo hipotecario está referenciado a IRPH, y siendo recomendable hacer una reclamación extrajudicial, le sugiero que la haga cuanto antes para ir ganando tiempo, puesto que dicha reclamación no le compromete en nada, y quedaría inocúa para el caso de que finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no acogiera las conclusiones del Abogado General.
  2. No haga nada sin consultar previamente con un profesional que tenga conocimientos en este tipo de productos y en temas financieros, y sobre todo, no llegue a ningún acuerdo con su banco, sin una asistencia jurídica adecuada.
  3. Desheche aquellas ofertas gratuitas, porque la experiencia me ha indicado que el refranero español tiene razón, cuando dice que "lo barato, sale caro". Asegúrese siempre de la profesionalidad de quien va a contratar.